domingo, 25 de septiembre de 2011

LA DERECHA NO ES DE LOS RICOS, SINO DE LA CLASE MEDIA


Las elecciones no son enfrentamientos entre la clase de los ricos y pobres, en realidad lo es entre la clase media y pobre, los ricos electoralmente no cuentan, es asi que en el sistema actual los gobernantes dan propuestas y soluciones agradando a mas o menos la mitad de la población, con un claro apoyo a los que tienen de la mitad para adelante, pero me parece ser mucho mejor que el socialismo que a decir verdades si consiguen igualdad a costa de dar poder solo a un grupo de dictadores, que analizando subjetivamente sus actos ni ellos mismos creen en la igualdad que pregonan porque para que un sistema funcione alguien debe tener el poder y este debe ser la clase media dejando como resultado no la pirámide de experiencias socialistas sino mas bien el hexágono eliminando a los pobres, apoyándolos y a los ricos poniéndoles límites a las posesiones en un mismo rubro, este podría ser un cimiento para que en el futuro se ideen formas de beneficiar la clase media y no se caiga en errores como PROMPYME, formalizar no es crear personerías jurídicas.
(EL COMERCIO). El actual gobierno tomará la posta que dejó el anterior Parlamento respecto de colocar un límite a la acumulación de la tierra. Al menos, el titular del Ministerio de Agricultura, Miguel Caillaux, ya adelantó que ha recibido el encargo del presidente Ollanta Humala de revisar y buscar alguna propuesta a este tema.

“Efectivamente, consideramos que el límite [de tierras] es un asunto que tiene que verse. La Constitución lo permite y es cuestión de ver cómo se encara”, afirmó el miércoles Caillaux a los parlamentarios de la Comisión Agraria.

Agregó que el objeto es evitar que se entienda como una medida contra las inversiones o contra un grupo empresarial en particular.

En el anterior parlamento se promovió el proyecto de ley que fijaba límites a la posesión de tierras a partir de las 40 mil hectáreas. Se estimó que la medida iba dirigida al grupo empresarial Gloria, el único que ya había sobrepasado esa cifra.

Aunque dijo que aún tenía una visión general del asunto, el ministro de Agricultura esbozó un esquema en el que se reduzcan o eliminen incentivos tributarios a las empresas que sobrepasen cierto número de hectáreas, sobre todo en los valles de la costa.

Por lo pronto, Caillaux afirmó que habrá oportunidad de abrir el debate a todos los actores.

IMPUESTO
En esa línea, el legislador Virgilio Acuña Peralta (Solidaridad Nacional) presentó hace unos días un proyecto de ley para establecer un impuesto a la propiedad agrícola a partir de las 50 hectáreas.

El planteamiento propone cuatro rangos: entre 50 y mil hectáreas se pagará 1 UIT (S/.3.600); entre mil y 10 mil hectáreas serán 3 UIT (S/.10.800); entre 10 mil y 30 mil hectáreas pagarán 4 UIT (S/.14.400); Y finalmente, a partir de 30 mil hectáreas corresponderán 5 UIT (S/.18.000). De este impuesto se excluiría a las tierras de propiedad estatal y de las comunidades campesinas y nativas.

Sobre el tema, Fernando Cillóniz, presidente de la consultora Inform@cción, calificó de un tremendo desincentivo a la inversión privada. Afirmó que el actual proceso agrario está caminando hacia la seguridad alimentaria, pues al estar en manos de grandes empresarios estos aumentan la producción de alimentos.

En tanto, la economista Cecilia Blume manifestó que no queda claro qué es lo que se busca solucionar con este tipo de medida. Por el contrario, afirmó que la acumulación de la tierra en pocas manos ha permitido el crecimiento de la agricultura, sobre todo de la agroexportación y, con ello, ha elevado la calidad de vida de muchos pobladores.

Todo lo contrario afirma Giovanna Vásquez, de la ONG Oxfam, al indicar que la concentración de la tierra será un problema tan igual como hoy se observa con la propiedad del agua. “Hoy en que ya se habla de una crisis de los alimentos, la tenencia de la tierra será clave en los próximos años”, afirmó.

PARA RECORDAR
En el anterior Congreso, el entonces legislador aprista Jorge del Castillo impulsó un proyecto de ley para fijar límites a la posesión de la tierra de los valles de la costa.

Un grupo de parlamentarios proponía que el limite fuera 10 mil hectáreas y otros 40 mil hectáreas.

Para plantear un límite a la tierra se tomó como referencia el artículo 88 de la Constitución.

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